Quizá esta crisis sea la punta del iceberg que sobresale
sobre la superficie de una crisis que es aún más profunda y generalizada.
La crisis del sistema constitucional del 78 no sólo tiene
como problema la articulación territorial del país, sino se despliega en
múltiples facetas que conviene enumerar y que evidencian la debilidad y
agotamiento del mismo.
En primer lugar, tenemos a un Jefe del Estado cuyos
familiares han estado incursos en casos de corrupción, y con no pocas sospechas
de trato privilegiado en los juicios en los que han estado encausados. Y que
muchos dudan por la cercanía que el propio Jefe del Estado desconociera.
En segundo lugar, tenemos un Ejecutivo, cuyo jefe, el
Presente del Gobierno, tiene sobre su cabeza la sospecha de haber cobrado
dinero negro proveniente de constructoras que después eran adjudicatarias de
contratos públicos, y que hicieron grandes negocios en la burbuja inmobiliaria,
permitida, cuando no promovida desde el ámbito político, y cuyo desenlace no
hace falta recordar porque es todavía patente.
En tercer lugar, tenemos un Poder Legislativo, elegido por
una ley electoral tremendamente injusta y con déficits de proporcionalidad
importantes que favorecen el voto rural por encima del urbano, al que concurren
partidos políticos corruptos y falaces, baste como últimos ejemplos la
imputación penal del PP, o que manifiestamente mienten a su electorado como el
caso del PSOE y su abstención en la investidura de Mariano Rajoy.
En cuarto lugar, tenemos un Poder Judicial tremendamente dependiente del poder político, así tenemos que el Presidente del Tribunal Constitucional es un reconocido exmilitante del PP, y la elección política directa del Consejo del Poder Judicial por el Parlamento, que a su vez es el encargado del nombramiento de los jueces y de su administración. Por no hablar de la extracción social de la mayoría de los jueces que no es precisamente de clase popular, por la evidencia de que una familia trabajadora difícilmente puede costear a un hijo diez años de estudio de una oposición después de una carrera, o por las flagrantes injusticias cometidas con jueces como Baltasar Garzón o Espidio Silva, apartados de la carrera judicial con subterfugios, que tienen toda la apariencia de tener motivaciones políticas de fondo.
Por lo anterior, vemos que la crisis afecta a la absoluta totalidad de los
poderes del Estado.
Y llegamos al problema de Cataluña, donde el origen del problema surge cuando el Parlamento Catalán y el pueblo catalán en referéndum aprueban un estatuto, que el Congreso de los Diputados y el Senado refrendan, y el irresponsable PP recurre ante el Tribunal Constitucional, que acaba eliminando 30 artículos, varios de los cuales están vigentes en otros estatutos como el de Valencia y Andalucía, que no fueron recurridos por el PP ni por otro partido ante el T. Constitucional, y por tanto están vigentes hoy. Todo ello aderezado de una boicot promovido desde la derecha en contra de la compra de productos catalanes, o las conversaciones grabadas el anterior Ministro del Interior que comentaba cómo habían destrozado la sanidad catalana, o la últimas filtraciones del Ministerio del Interior de información SECRETA para denostar la labor de los Mossos d'Esquadra en el atentado yihadista de agosto.
Pero la crisis de legitimidad del sistema constitucional del
78, no sólo se queda en este ámbito de crisis institucional, sino por la falta
de evolución constitucional que contrasta con la evolución y cambio de la base
social de este país. Así, como dato objetivo, tenemos que sólo los mayores de
57 años pudieron votar esta Constitución, que se ha mantenido el vigor, salvo
algunas reformas que lejos de legitimarla la han deslegitimado aún más, al
hacer cesiones de soberanía a las dudosamente democráticas instituciones
europeas, o el sometimiento de toda la riqueza nacional al pago de los
acreedores, es decir, bancos y fondos de inversión principalmente.
De hecho, el pacto social de fondo de la Constitución, entre la izquierda y la derecha de esta país, en la que la izquierda cedió su ideal republicano, y federal a favor de las posturas de la derecha de una monarquía, nombrada como heredera por el dictador, y centralistas, a cambio de un pacto social de reconocimiento de unos derechos sociales, pacto que en esta última crisis económica ha saltado por los aires. Así como la puesta sobre la mesa de la denuncia real por parte de la izquierda de que dicho acuerdo fue adoptado en unas circunstancias muy coactivas, bajo la amenaza de involución, y por lo tanto deslegitima el mismo, y la falta de condena al régimen dictatorial del PP y Cs, y de reparación de la victimas franquistas.
Y de este modo, llegamos a un sistema que da signos de verdadero agotamiento, que han hecho de España el segundo país con mayor desigualdad y paro de la Unión Europea, el segundo país del mundo donde más muertos yacen en cunetas y fosas comunes, plagado de casos de corrupción, donde a la banca se la perdona 40.000 millones de euros prestados por el Estado que suponen 1.000 € por español, un montante igual a todos los recortes de estos años, donde el sistema de pensiones de jubilación está en seria cuestión, donde el pluralismo político y mediático hoy es casi una entelequia para con los grandes temas de estado y económicos, silenciando cualquier debate público, degollando a cualquiera que ponga en cuestión la estructura económica y constitucional actual, y donde una parte del país, y es probable que no sean los únicos, quiere votar para decidir si abandonarlo.
De este modo, no estamos ante la crisis de Cataluña, sino en
la crisis de todo un sistema constitucional, del que la crisis de Cataluña y la
incapacidad de darle una solución política, sino represiva, que bordea los
cánones democráticos, es sólo una muestra.
